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Modificar la Ley del Cobre no es prioridad para el Gobierno de Chile

El Ministro de Hacienda chileno Rodrigo Valdés declaró que no es prioridad del actual gobierno hacer modificaciones a la Ley del Cobre, como se conoce al mecanismo legal que permite financiar los gastos en pertrechos militares. El Ministro realizó estas declaraciones en el marco de una serie de investigaciones que afectan incluso a un ex Comandante en Jefe del Ejército, las cuales se relacionan con mal empleo de fondos o enriquecimiento ilícito.

Dado el carácter de estas investigaciones se tiende rápidamente a relacionarlas con uso ilegal de los recursos provenientes de la mencionada ley. El mismo ministro hizo énfasis en que la comisión de un delito como los investigados no se debe mezclar con las posibles modificaciones al procedimiento de financiamiento que las Fuerzas Armadas. Lo interesante de estas declaraciones es que no van en la línea con lo sostenido en forma prácticamente inalterable desde la década de los 90. En efecto, una vez que las Fuerzas Armadas entregaron el poder una de las principales metas de los gobiernos fue derogar o al menos modificar sustancialmente esta ley y lograr un mayor control de estos procesos por parte de la autoridad civil y un trámite parlamentario de mayor peso.

Como expusimos en un artículo anterior, el debate en torno a esta modalidad de financiamiento ha sido permanente, pero se recrudece cuando los recursos asociados a esta ley son significativos, ya sea porque superan largamente el mínimo, o por el contrario cuando gran parte de los aportes de CODELCO van a cubrir las obligaciones de dicha ley, como se espera que sean en el futuro cercano dada la caída en los precios del cobre.

La ley del cobre no requiere quorum especial para su modificación, por lo cual sería bastante fácil derogar. Que esto no haya sucedido es, quizás, el mejor índice para señalar que su simple eliminación no soluciona ningún problema. También hay que destacar que la actual modalidad de manejo de estos fondos impide su uso discrecional por las Fuerzas Armadas, las cuales sólo disponen de “un piso mínimo” y además requieren la aprobación de sus proyectos por parte del Ministerio de Defensa, incluso respecto del mínimo, estando también sujetas a las restricciones que impone el Ministerio de Hacienda en el empleo de todo tipo de recursos en vistas a resguardar los equilibrios de las cuentas fiscales. (Roberto Sandoval, corresponsal de Grupo Edefa en Chile)


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