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Se exigen garantías jurídicas para los militares involucrados en operaciones de combate al crimen en Río y otros estados

El comandante en jefe del Ejército Brasileño, general Eduardo Dias de Costa Villas Bôas, utilizó su cuenta en Twitter para hacer un reclamo: La Operación de Garantía de la Ley y del  Orden) en Río exige seguridad jurídica a los militares involucrados. “Como Comandante tengo el deber de protegerlos. La legislación necesita ser revisada", afirmó.

La declaración, que registró cientos de mensajes compartidos, fue enviada tras un fin de semana de actuación de tropas en las calles de la ciudad, con cerco a comunidades en el Complejo do Lins, en el Engenho Novo y en Jacarepaguá. El general Villas Bôas se refirió a un proyecto de ley, en tramitación en el Senado, que impide el juicio en la justicia común de militares involucrados en crímenes contra civiles. De acuerdo con la propuesta, crímenes dolosos contra civiles practicados por militares del Ejército, de la Marina y de la Aeronáutica en la vigencia de la Operación de Garantía de la Ley y de la Orden deben ser apreciados y juzgados sólo por la Justicia Militar. El proyecto fue aprobado en régimen de urgencia en julio del año pasado por la Cámara Federal, pero aún no entró en la pauta de votación del Senado.

Este tipo de operativos, afirmó el Ejército en una nota de prensa, deben ocurrir en un marco de clara seguridad jurídica para el militar y para la operación propiamente dicha. "Hay que considerar que las operaciones de Garantía de la Ley y de la Orden, con el empleo de militares entrenados y equipados, deben ocurrir amparadas por la legislación penal militar. Actualmente, en algunos casos, se aplica la legislación penal común. Esto puede traer perjuicios a la carrera profesional del militar, si él se involucra en un enfrentamiento, y para la operación en sí, ya que cualquier  reacción rápida puede quedar comprometida ", dice otro fragmento del comunicado.

El general Dias de Costa también señaló que "la seguridad jurídica debe proveer la necesaria libertad de acción para las fuerzas actuantes", y destacó que "algunas veces, en el cumplimiento de las misiones realizadas durante las operaciones en las comunidades del Alemán, de la Penha y de la Maré, fueron identificados objetivos y lugares importantes, pero la falta de un mandato de búsqueda y aprehensión expedido por autoridad judicial competente y en tiempo hábil impidió o inviabilizó la detención de sospechosos y la incautación de productos ilícitos.

Por cada día de actuación en Río la Fuerza gastó 400.000 dólares. En los últimos 8 meses, el Ejército fue llamado al menos  a otras cuatro misiones: escaneos en cárceles cuando hubo guerra de facciones en las prisiones en el norte del país, en el motín del estado de Espíritu Santo, cuando la tropa federal fue a las calles en la época del carnaval y la Policía Militar de Río hizo una especie de operación estándar ,y, en el mes de junio, cuando los militares fueron llamados para ayudar en la reconstrucción de ciudades afectadas por inundaciones en Pernambuco. En todos los casos, los recursos invertidos, hasta hoy, no han sido devueltos a la Fuerza. (Javier Bonilla)


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