Los “Gibraltares” de Iberoamérica

El tema de las Malvinas sigue pesando como una losa sobre la actualidad y el futuro de las relaciones de los pueblos de Iberoamérica, en especial de algunos de ellos, con el gigante sajón del Norte. Como consecuencia de la insolidaridad de Estados Unidos con el resto de los países de ese hemisferio y su apoyo beligerante al Reino Unido en su guerra contra Argentina, serias grietas se han abierto en diversas esferas, que van desde la Organización de Estados Americanos, cuya autoridad moral y democrática fue ignorada, al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca que la primera vez que fue llamado a operar en serio demostró ser sólo un pedazo de papel mojado

Queriendo dar la impresión de que no ha pasado nada y de que las aguas deben volver a su cauce, el Gobierno de Washington despliega grandes esfuerzos. Aunque lastrados por divisiones, incapacidades, corruptelas y falta de visión histórica, toda una serie de países iberoamericanos han comenzado a reaccionar.
El rechazo del Gobierno venezolano a la adquisición, que ya estaba prácticamente decidida, de aviones de combate británicos; el deseo notorio de la nueva Administración colombiana de solicitar el ingreso de su país en el Movimiento de los No Alineados; los llamamientos del Brasil a un nuevo orden económico, etc., son buena prueba de que, muy poco a poco, algunas cosas están cambiando.
La guerra del Atlántico Sur tuvo, pues, consecuencias, gran parte de las cuales habrá que esperar bastantes años para constatar sus resultados últimos. Y, entre otras cosas, ha servido para poner de relieve la existencia, entre Rio Grande y Tierra de fuego, de una serie de Gibraltares, de los que las Malvinas, regadas en sangre, es el más conocido, pero, ni mucho menos, el único. Es más, la citada conflagración ha demostrado que todos los conflictos territoriales latentes en Iberoamérica pueden transformarse, llegado el caso, en guerras despiadadas, siendo de señalar que, mientras que algunos de ellos son, por así decirlo, nuevos, otros tienen su origen en los imprecisos límites heredados en la época colonial y, más concretamente, en la línea de Tordesillas y en los reducidos conocimientos geográficos de tan lejanos tiempos.
A partir del siglo XIX a este último problema se acumularon otros elementos, tales como la revolución industrial, el liberalismo a outrance, la conquista de los mercados, los nacientes imperialismos europeos y el Destino Manifiesto de los Estados Unidos. La segunda mitad del siglo XX agregó un nuevo factor: la pugna entre las dos superpotencias o, si se quiere, el conflicto entre el capitalismo y el comunismo. Todos incluyen, además, una dosis irreparable de nacionalismo. Veremos, a continuación, por orden alfabético, lo que nos evitará el comromiso de calificarlos de mayor a menor grado de explosividad, un panorama esquemático de los diferendos más importantes o, si se quiere, según la frase empleada al principio, de los Gibraltares de Iberoamérica.

ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA

Perteneciente a Colombia, aunque situado frente a la costa de Nicaragua, este conjunto de islas, que en el siglo XVII sirvieran de guarida al pirata inglés Henry Morgan, se encuentran habitadas por unas treinta mil personas, en su mayoría de raza negra y anglófonas, que viven sustancialmente del turismo, aquí muy desarrollado y próspero.
En 1810, cuando Colombia se separó de España, proclamando la independencia, aplicó el principio uti possidetis jure sobre la actual República de Panamá, el archipiélago de San Andrés y Providencia y el litoral, hoy nicaragüense, de Mosquitia, que es una franja de tierra que limitaba con Costa Rica y con Nicaragua, que entonces formaba parte de la Federación de Provincias Unidas de Centroamérica. En 1825 las Provincias Unidas reconocieron la soberanía colombiana sobre Mosquitia, las islas citadas y cayos próximos, pero, más tarde, al desaparecer las Provincias Unidas, nacieron, entre otros Estados independientes, los de Nicaragua y Costa Rica, que con el paso del tiempo fueron buscando una salida al mar Caribe. En ello influyeron los intereses de diversas potencias, pero sobre todo los de los Estados Unidos, que en 1903 hicieron de Panamá un Estado soberano con el fin de utilizar su territorio como vía marítima de comunicación entre sus puertos del Atlántico y los del Pacífico.
En 1900, un poco antes de la secesión de Panamá, el Gobierno colombiano tuvo la satisfacción de que Costa Rica reconociese sus derechos sobre los archipiélagos de San Andrés y Providencia, así como sobre los demás islotes y cayos que reclamaba en la zona. Con Nicaragua, el proceso fue más complicado, y hubo que esperar hasta veinticinco años más tarde para que Bogotá sancionase soberanía y pleno dominio de Managua sobre Mosquitia, recibiendo a cambio un reconocimiento similar a su favor en lo que se refiere a las islas de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y todas las demás islas, islotes y cayos que hacen parte de dicho archipiélago de San Andrés.
En 1928, en que se firmó este último acuerdo, los Estados Unidos le impusieron a Colombia, para velar por sus intereses estratégicos en la desembocadura caribeña del canal de Panamá, una soberanía compartida sobre los cayos de Roncador, Serrana y Quitasueño; situación que se prolongaría hasta septiembre de 1972, cuando el Gobierno de Washington decidió arriar su bandera.
En realidad, el acuerdo nicaragüense-colombiano de 1928 fue puesto en tela de juicio por numerosos hombres de Estado, historiadores y especialistas en derecho de Nicaragua —entre ellos el presidente Anastasio Somoza— en razón de que en el momento de concretarse el país se encontraba ocupado por los marines norteamericanos. Basándose en ello, se ha venido hablando a lo largo de los años, desde llevar a cabo una renegociación del tratado, a pura y simplemente, su rechazo. Esto último fue precisamente lo que hizo en febrero de 1980 el nuevo Gobierno salido del triunfo de la revolución sandinista al reafirmar, en un documento oficial, que las islas en cuestión son parte integrante e inalienable de la plataforma continental de Nicaragua, y forman parte indiscutible del territorio nacional, incluyéndolas en el interior de sus aguas jurisdiccionales, al extender el límite de las mismas hasta las 200 millas.
De esta forma se ha abierto un contencioso con Colombia, país que después de haber perdido Panamá a principios del siglo XX no quiere despedir la centuria renunciando a nuevas porciones de un suelo que considera suyo. Esto explica, tal vez, que el anterior Gobierno de Bogotá, durante la crisis de las Malvinas, fuese junto con el de Chile, el único de la familia de Estados iberoamericanos que no apoyaron a la Argentina. Tal vez pensase eso de cuando las barbas de tu vecino veas rapar...
De momento, ni un solo tiro ha sonado en el sector de los archipiélagos en litigio, aunque los colombianos denunciaron la ruptura de la barrera del sonido cerca de ellos por cazabombarderos MiG nicaragüenses, mientras que el Gobierno sandinista se ha hecho eco de supuestas provocaciones de la Armada de Colombia. De todas formas, el problema se desdramatizó mucho en enero del presente año, cuando Octavio Sanabria, encargado de negocios de la embajada nicaragüense en Bogotá, dijo que su país no estaba interesado, por ahora, en hacer explícita su reclamación sobre los archipiélagos, añadiendo: Ahora no tenemos sino motivos de unión con Colombia y ninguno de divergencia.

BEAGLE: UN CANAL TORMENTOSO

Pasados varios meses desde el final de la guerra entre británicos y argentinos, en el Atlántico Sur, trascendió en Londres el agradecimiento del Gobierno de Su Graciosa Majestad, y más concretamente el del ministro de Defensa, por la ayuda —al parecer de tipo logístico, sobre todo— que Chile le prestó a las fuerzas expedicionarias inglesas en el curso de aquellas operaciones. La noticia, en sí, no sorprende demasiado, ya que existen algunos interrogantes sobre determinados temas concretos que apuntaban hacia una complicidad chilena del lado del Reino Unido, como, por ejemplo, en el misterioso caso del helicóptero británico descubierto en un apartado sector próximo a la frontera con la Argentina. Pero sí que llamó la atención la imprudencia de las autoridades de Londres al despejar una duda que, aclarada, afecta negativamente al prestigio —en punto a la solidaridad hemisférica— del Gobierno del general Pinochet.
Si efectivamente, puesto que la prueba fehaciente no existe, Chile facilitó su suelo y otros apoyos a los ingleses en el curso de la guerra del Atlántico Sur, ello se debería, sin duda alguna, al viejo resquemor y enfrentamiento entre los dos vecinos andinos, basado, principalmente, en problemas de tipo territorial nunca resueltos y, en ocasiones, tan encrespados que estuvieron a punto de que desembocasen en el campo bélico. Recordemos que el tratado de 1881, el protocolo de 1893 y los llamados Pactos de Mayo de 1902 (estos últimos impidieron in extremis el choque armado), fijaron, bien que mal, el trazado de los 5.000 kilómetros de frontera entre Argentina y Chile. Los puntos oscuros que el tratado contenía fueron dilucidados, en el transcurso de los años, por el arbitraje de la Corona británica, de acuerdo a lo convenido por ambos países, pero quedó pendiente la cuestión del canal de Beagle y de las tres islas que vigilan su desembocadura en el Atlántico: Picton, Nueva y Lenox.
Para Chile, el trazado del canal se sitúa al norte de las islas citadas, lo que hace que queden bajo su soberanía, consintiéndole, en una segunda etapa, extender, a partir de las 200 millas del linde marino, su presencia en el Atlántico. Para el Gobierno de Buenos Aires, el canal pasa al sur de las islas citadas, o sea, que son de su propiedad, y Chile queda relegada al Pacífico. La divisoria entre los dos océanos es el meridiano del cabo de Hornos.
El contencioso, que se arrastraba desde hacía mucho tiempo, generando situaciones peligrosas, fue sometido en 1977 al arbitrio de la Corona británica, lo que constituyo, por parte de los argentinos, una ingenuidad rayana en lo seráfico, ya que Buenos Aires tenía su propio contencioso con el Reino Unido, a propósito de las Malvinas, y no podía esperar, en modo alguno, que los jueces británicos arrimasen el ascua a otra sardina que a la de sus intereses, que, en este caso, favorecían el potenciamiento de Chile a costa de la Argentina. Tal como era de prever, el fallo arbitral fue favorable a Chile; Argentina lo rechazó en el acto y ambos países estuvieron a punto, otra vez, en menos de un siglo, de ir a la guerra por cuestiones fronterizas.
Tras una frenética danza de contactos diplomáticos y unas entrevistas, con sus respectivos Ejércitos en diana bélica, de los presidentes Pinochet y Videla, se salió del paso recurriendo, ahora, a la mediación del Papa Juan Pablo II, cuyo arbitraje, una vez más, no parece que vaya a conducir a solución alguna, ya que, por lo que se sabe, después de afirmar que las tres islas son chilenas, considera que las aguas situadas al Este —es decir, el Atlántico— deberían ser explotadas en común por los dos países. El Gobierno de Santiago considera definitivo el laudo pontificio, siempre según nuestros informes, pero Buenos Aires estima que se trata sólo de una base de discusiones.
Las dos posiciones se perfilan como irreconciliables, y la Santa Sede, ante el temor de que nadie esté interesado de verdad en resolver el conflicto, ya hizo saber que, o recibe pruebas de que existe una voluntad de arreglo o retirará su hasta ahora tan estéril como trabajosa mediación.
La importancia estratégica del canal de Beagle la define su carácter de vía de tránsito entre el Atlántico y el Pacifico. Existen dos comunicaciones principales entre ambos océanos: el estrecho de Magallanes y el pasaje de Drake. El canal de Beagle es, desde punto de vista geopolítico, un pasaje secundario, pero pasaje al fín. El triunfo de la tesis chilena significaría para Argentina el cierre de su comunicación con el sector antártico, que reclama, y que se disputa con Chile y el Reino Unido. Tiene el mismo resultado para Chile, si se diera el caso contrario, de ahí el encono y la práctica imposibilidad de resolver la disputa.

BOLIVIA Y SU MEDITERREANIDAD

La guerra del Pacífico (1879-83) significó para Bolivia la pérdida del litoral pacífico, lo que la convirtió en lo que se ha dado en llamar un país mediterráneo. Su intento de obtener una salida al Atlántico a través del Chaco fracasó al perder la guerra de ese nombre, que entre 1932 y 1935 la enfrentó al Paraguay. Desde entonces, la búsqueda de un acceso al mar es una constante de la historia boliviana, dándose la impresión de que el problema entraba en vías de solución cuando a mediados de la pasada década, tras una larga y laboriosa negociación, Chile propuso cederle un corredor que desembocaría en el Pacífico a cambio de una zona de territorio boliviano, en lo que el Gobierno de La Paz estuvo de acuerdo.
Las negociaciones fracasaron porque Chile, en vez de ofrecer la banda costera de Mejillones a Antofagasta, que Bolivia perdió en 1879, propuso una franja que había pertenecido a Perú, en la provincia de Anca. Esto complicaba las cosas, ya que en virtud del arbitraje de 1929, Chile le devolvió a Perú la provincia de Tacna, conservando la de Mica, pero comprometiéndose a contar con Lima si en el futuro modificaba en algún sentido el estatus de este último territorio. Perú lanzó la idea de una soberanía compartida de los tres países interesados sobre toda la provincia de Anca, incluida la ciudad del mismo nombre, lo que fue rechazado por los chilenos. La crisis culminó entre noviembre de 1976 y marzo del año siguiente con inquietantes desplazamientos de tropas en la zona fronteriza común a Chile, Perú y Bolivia.
En 1979, el Gobierno de La Paz obtuvo un triunfo diplomático cuando la Organización de Estados Americanos reconoció la legitimidad de su aspiración a una salida al mar, e invitó a las partes interesadas a reanudar las negociaciones. Estas continúan sin materializarse, mientras que entre Bolivia y Chile, la situación sigue siendo tensa.

PANAMA Y SU “CANAL ZONE”

El 1 de octubre de 1978 entró en vigencia un nuevo tratado entre Panamá y los Estados Unidos por la soberanía y usufructo del canal. Según sus términos, la antigua Canal Zone, de absoluto control norteamericano, fue abolida, pasando a la jurisdicción panameña. El canal quedó entonces bajo la dependencia de un organismo mixto, la Comisión del Canal de Panamá, en el seno de la cual, los Estados Unidos detentarán la mayoría hasta 1989. Fuerzas militares de este último país permanecerán en el canal hasta el 2000, y a partir del momento en que lo evacuen, el Gobierno de Washington mantendrá el derecho a defender su neutralidad. Esto representa de hecho una hipoteca sine die, puesto que los norteamericanos podrán intervenir cuando lo estimen oportuno, sin que Panamá, dada su debilidad congénita frente al coloso del Norte, esté en condiciones de oponerse, salvo con estériles derramamientos de sangre.
Aunque los acuerdos Carter-Torrjos, por los que el canal de Panamá comenzó a cambiar de estatus, estaban muy lejos de satisfacer las legítimas aspiraciones de los panameños, prolongando una situación abusiva, los círculos más radicales del Congreso y del Senado se han venido oponiendo a los mismos, y a partir de la llegada a la Casa Blanca de Ronald Reagan, muchas cosas indican que el proceso de transferencias y evacuación podría sufrir serias modificaciones.

LA SIERRA DEL CONDOR

Uno de los contenciosos de tipo territorial menos conocidos en el marco iberoamericano, pero que, sin embargo, hizo ya correr la sangre, es el de la cordillera del Cóndor. Allí se concreta uno de los tantos Gibraltares de ese hemisferio, una zona disputada y sobre la que no acaba de hacerse la luz ni llega la normalidad, propiciando, amén de tensiones, gastos militares en buena parte superfluos.
Todo comenzó en 1941, cuando ecuatorianos y peruanos se enfrentaron en la llamada Segunda Guerra Amazónica (la primera, celebrada nueve años antes, envolvió a peruanos y colombianos. Las tropas de Lima, en una acción de tipo relámpago, se apoderaron una extensa zona del oriente del Ecuador. El conflicto, que dado lo que entonces estaba sucediendo a la sazón en los campos de batalla de Europa, Asia y norte de África, pasó casi por completo inadvertido, fue, sin embargo, importante, ya que Perú empleó carros de combate, aviones de bombardeo y de caza, así como paracaidistas.
Al final de la breve campaña, deshechas las fuerzas ecuatorianas, inferiores en preparación número y material, el Gobierno de Quito se avino a suscribir con el de Lima, el 29 de enero de 1942, un protocolo de límites en Río de Janeiro. Sin embargo, quedó sin fijar una línea de 78 kilómetros en la cordillera del Cóndor por pretender Ecuador, desde la ladera occidental de la misma, salir al río Marañón, y desde éste al Amazonas. El presidente del Ecuador, Galo Plaza, condicionó la aceptación del protocolo de Río de Janeiro a los inalienables derechos amazónicos de su país y a una salida propia y soberana al Marañón. Posteriormente, en 1960, su sucesor en la jefatura del Estado, Velasco Ibarra, declaró nulo el protocolo en cuestión, enfatizando su ministro de Asuntos Exteriores, José Chiriboga, nulo de nulidad absoluta.
Las posturas encontradas de peruanos y ecuatorianos desembocaron, en enero de 1981, en una nueva guerra, la Batalla de Paquisha que, una vez más, rodó mal para estos últimos, que quedaron bloqueados en la sierra del Cóndor y con el acceso cerrado al Marañón.

EL ESEQUIBO: LA HERENCIA BRITANICA

Guayana, primer país sometido a la Corona britanica que alcanzó la independencia en tierras de América, en 1966, se encuentra dividida por el río Esequibo, que, navegable en parte, atraviesa el país de Sur a Norte antes de desembocar en el Atlántico a través de un estuario de 70 kilómetros de ancho, situado no lejos de Georgetown, la capital.
Las autoridades de Caracas sostienen que los ciento cincuenta mil kilómetros cuadrados de suelo extendidos entre la margen del río y la frontera venezolana, es decir, los dos tercios de la superficie de Guyana, les pertenecen, puesto que pasaron bajo control británico como consecuencia de las falsificaciones cometidas por los tipógrafos del Colonial Office, que deseaba apropiarse de esta inmensa zona, rica en bosques tropicales, oro, diamantes, manganeso y bauxita.

foto: Una patrulla peruana en Paquisha, en plena sierra del Cóndor, en el curso de la batalla que recibió aquel nombre, en 1981

A principios del siglo XIX, el Esequibo marcaba, en efecto, la separación entre la colonia inglesa de Guayana y la entonces capitanía española de Venezuela. Los buscadores de oro fueron los primeros en cruzar el río, implantándose en esos territorios mal definidos y nulamente defendidos, oficializándose los avances en 1940, cuando en los mapas ingleses la frontera con Venezuela se consignó muy al oeste del Esequibo, concretamente en la denominada Línea Schomburgk, nombre del naturalista alemán que la exploró. Pese a las protestas de Caracas y al reconocimiento por parte británica de la existencia de un contencioso, algunas décadas más tarde, los mapas del Colonial Office volvieron a desplazar la frontera más hacia el oeste.
En 1897, el presidente de los EE.UU., Grover Cleveland, apelando a la Doctrina Monroe, aconsejó al Reino Unido que aceptase la creación de un tribunal arbitral, en el cual dos jueces norteamericanos representaran los intereses de Venezuela. La sentencia, emitida en París dos años más tarde, dio la razón a Londres. Era un fallo inexplicable, aunque no tanto una vez que, pasados los años, se obtuvieron pruebas verbales y documentales de la complicidad entre los jueces ingleses y el magistrado ruso que presidía el tribunal. En efecto, a cambio de cierta concesión en China a favor del entonces imperio zarista, el magistrado en cuestión inclinó la balanza del lado británico en el Esequibo.
En 1962 , basándose en estos hechos, Venezuela, que en 1949 había vuelto a reclamar el territorio perdido, sostuvo ante la ONU la nulidad del arbitraje de 1899, y en 1972 firmó, con Guyana, el protocolo de Puerto España, que congeló por diez años más el diferendo. Actualmente, pues, el paréntesis de la disputa ha vuelto a abrirse, siendo el del Esequibo tema habitual de primera página en los periódicos venezolanos y fuente de serias preocupaciones para muchas cancillerías (ver DEFENSA núm. 39).

EL GOLFO DE VENEZUELA

La disolución de la Gran Colombia, hecho ocurrido en 1830, trajo de inmediato serios problemas para los Gobiernos de Bogotá y Caracas, unos económicos y otros relacionados con las fronteras entre los dos países. Para solucionar estos últimos, entre 1833 y 1941, ambos países firmaron un total de dieciocho tratados, acudiendo al arbitraje de Suiza, en 1922, por lo que se refiere a la espinosa cuestión de los limites en el golfo de Venezuela y Península de Guajira. Por cierto, que Suiza se limitó a ratificar el anterior laudo español de 1891, es decir, la posesión colombiana en las costas del golfo, lo cual fue ratificado en 1941 por el Congreso de Caracas.
Se hubiera dicho que con esto, el problema estaba zanjado, pero resurgió entero, como consecuencia de los resultados de la Convención sobre el Derecho del Mar, celebrada en Ginebra en abril de 1958, pues determinó, entre otras cosas, que la soberanía de un Estado se extiende fuera de su territorio y sus aguas interiores a una zona de mar adyacente a sus costas, designada con el nombre de mar territorial. Se afirmaba también que el Estado ribereño ejerce derecho de soberanía sobre la plataforma continental a los efectos de su exploración y de la explotación de sus recursos naturales. En base a este texto, Venezuela encontró argumentos para sostener que toda posible delimitación debe considerar su soberanía sobre Los Monjes, unos islotes situados a la entrada del golfo de Maracaibo, añadiendo, además, que crea derechos de mar territorial y plataforma continental.
El mismo planteamiento es válido, según el Gobierno de Caracas, al sur de Castilletes, donde reivindica su plena soberanía en línea trazada desde ese lugar hasta Punta Salinas, en el Estado Falcón, que, siempre de acuerdo con la tesis venezolana, encierra aguas interiores.
Colombia, que no está en absoluto de acuerdo con este planteamiento, propone el trazado de una línea media referida a la equidistancia entre riberas, que marcaría la jurisdicción de los dos Estados sobre las aguas que les corresponden. Los colombianos han hecho el cálculo de la equidistancia tomando como base la relación entre Castilletes, Punta Salinas y la costa entre Parag uaná y el lago Maracaibo.
En 1980, Colombia y Venezuela acordaron considerar al golfo de Venezuela como un mar interior y explotar sus riquezas en forma conjunta. Esta era una solución ideal, salomónica, y que ponía el dedo en la llaga, ya que además de los considerados de tipo patriótico y estratégico, lo que afila las aristas del diferendo es el hecho de que las citadas aguas, sobre todo el golfo de Venezuela, a la salida del lago Maracaibo, son ricas en petróleo. Sin embargo, la oposición interna obligó al presidente venezolano, Herrera Campins, a echar marcha atrás, con lo que todo sigue como antes, o peor.

GUANTANAMO

Ya que hemos acordado llamar Gibraltares a las zonas en litigio que envenenan las relaciones entre numerosos países, desde el Caribe a Tierra de Fuego, convendrá señalar que ninguna de ellas responde tan claramente a lo que es Gibraltar —el Gibraltar español expoliado por el Reino Unido— como la base norteamericana de Guantánamo. Su historia es la siguiente:
En 1903 Cuba, que era poco más que un satélite de Washington, cedió a los EE.UU. el usufructo de la bahía de Guantánamo por una duración ilimitada y sólo revocable por consentimiento mutuo, mediante el pago de un alquiler anual de dos mil dólares-oro. La concesión fue renovada por las autoridades habaneras, siempre sumisas a su todopoderoso vecino sajón en 1934. Desde el punto de vista del Derecho Internacional, Cuba no dispone de recurso alguno para exigir la evacuación y, de hecho, no trató de obtenerla hasta la llegada de Fidel Castro al poder. Desde entonces, y más exactamente desde 1959, el Gobierno de La Habana se niega a aceptar el cheque anual que el Gobierno de Washington le envía a través de Suiza, aclarando, por un lado, que no recurrirá a la fuerza para imponer su reivindicación (lo contrario sería suicida) y por otro se reserva la potestad de llevar el problema ante los organismos internacionales pertinentes.
La base aeronaval de Guantánamo cubre una superficie de 11.650 hectáreas, hallándose instalada en la bahía de su nombre, que pasa por ser el mejor refugio natural del que una flota puede disponer en el Caribe. En sus profundas aguas encuentran acomodo, por ejemplo, los portaaviones más grandes del mundo y desde Guantánamo se alcanza cualquier punto importante de las Antillas en menos de cuarenta y ocho horas de navegación marítima. La base controla, además, el acceso al canal de Panamá desde su boca atlántica.
Guantánamo está situado a apenas 64 kilómetros de Santiago, la segunda ciudad de Cuba, y a 950 kilómetros de La Habana, siendo de destacar que ya Cristóbal Colón encontró excelente la rada, anclando en ella el 30 de abril de 1494. La localidad, sin embargo, la fundaron en una fecha tan tardía como 1822, emigrantes franceses expulsados de Haltí, contando en la actualidad con un censo de doscientas mil almas. Los EE.UU. sólo ocupan la boca de la bahía, si bien hay dos aldeas de pescadores en el interior de la misma: Boquerón y Caimanera.

LAS MALVINAS

La gran notoriedad alcanzada por éste y por los demás archipiélagos del Atlántico Sur, sobre el que DEFENSA ha publicado numerosos trabajos, nos evita extendernos sobre los mismos, bastando con recordar que se trata de posesiones argentinas que los ingleses ocuparon por la fuerza en 1833.

foto: Soldados argentinos disponiéndose a marchar a las Malvinas. Una guerra que se perdió, pero una reivindicación justa que continúa.

El 2 de abril de 1982 unidades expedicionarias argentinas desembarcaron militarmente en las Georgia del Sur (San Pedro) y Sandwich del Sur, más el archipiélago de las Malvinas. Por un momento pareció que la presencia colonial británica había sido borrada, por fin, de aquella remota zona, pero el aislamiento internacional, el apoyo masivo de Washington a su aliado londinense y los muchos y graves errores cometidos por el mando argentino, hicieron que la iniciativa concluyese en un estrepitoso fracaso. Las tropas de Buenos Aires se rindieron el 14 de junio, a los setenta y cinco días de haber desembarcado.
Ni que decir tiene, el paréntesis de la crisis sigue abierto, y cualquier salida a la misma podría ser posible en el futuro.

NAVASE

Se trata de un islote de 50 kilómetros cuadrados, situado en posición dominante en el canal de Jamaica, concretamente entre la isla del mismo nombre y Haití.
Desde la independencia de este último país, en 1804, el Gobierno de Puerto Príncipe lo considera de su soberanía, habiéndolo incluido, en 1971, en la Zona Económica Exclusiva de las 200 millas. Sin embargo, en los mapas de Estados Unidos y del Reino Unido, a Navase se la considera norteamericana, tal vez porque en 1858 fue ocupada por un aventurero de esta nacionalidad que se dedicó a la explotación de sus yacimientos de guano.

 BELICE: DEMASIADOS INTERESES EN JUEGO

Belice, denominado hasta 1973 Honduras Británica, es un enclave de 22.000 kilómetros cuadrados, habitado tan sólo por 150.000 personas, del que los ingleses se apoderaron durante sus correrías por la zona del Caribe. Les atraía de él, en primer lugar, su abundancia de maderas preciosas y también su emplazamiento en un estratégico flanco del istmo centroamericano, por lo que no tardaron en colonizarlo, trayendo esclavos negros de África. Tras acceder a la independencia, Guatemala, alegando sus derechos sucesorios con relación a la Corona de España, no tardó en reivindicar este territorio. En 1964, el otorgamiento a Belice, por el Gobierno de Londres, de un régimen de autonomía interna provocó la ruptura de relaciones diplomáticas entre los dos países, que entraron así en una etapa conflictiva que dura hasta hoy, y que tuvo como hitos principales el envío por los británicos, en noviembre de 1975, de una fuerza expedicionaria y la ruptura, en septiembre de 1981, del último vinculo que quedaba: las relaciones consulares y comerciales.
 
Precisamente en septiembre de 1981 Belice obtuvo la independencia con la conformidad —en principio— del Gobierno guatemalteco, al que se le aseguraron dos salidas al mar Caribe mediante la libre utilización de los puertos beliceños de Ranguana y de Zapotillo. Este espectacular cambio de actitud de Guatemala se debió, en buena parte, a las presiones de Washington; presiones que Bobbie Leslie, director de la Secretaría para la Independencia de Belice, explicó así: Guatemala necesita la ayuda militar de los Estados Unidos para frenar a las guerrillas y Ronald Reagan condicionó su asistencia al reconocimiento de nuestra independencia.
El reconocimiento, a decir verdad, duró bien poco, y desde hace unos meses las tensiones no dejan de crecer. El Gobierno beliceño ha acusado a los guatemaltecos de llevar a cabo incursiones armadas en su territorio, mientras que en Ciudad de Guatemala se asegura que las autoridades de la ex-colonia británica pretenden instalar en la frontera a unos tres mil refugiados haitianos que ahora se encuentran retenidos en campos de concentración de los Estados Unidos, país en el que entraron ilegalmente y que desea verse libre de ellos. Añaden, además, que las prometidas compensaciones portuarias no se han materializado en nada concreto y pretenden arreglar el diferendo mediante negociaciones directas con Londres, a lo que el Reino Unido se negó en redondo, argumentando que no puede hablar en nombre de un país-que ya es plenamente soberano.
Pese a ello, el pasado mes de enero, se abrió una ronda de negociaciones anglo-guatemaltecas precisándose, de fuente oficial de este último país, que ya no se reclama todo el territorio de Belice, como en el pasado, sino tan sólo el distrito de Toledo. El presidente de Guatemala, general Ríos Montt, manifestó que, de todas formas, su Gobierno no piensa reconocer a Belice como Estado independiente porque, en realidad, no hay fronteras, añadiendo: Guatemala se quedaría sin salida al Atlántico sino mantuviera sus reclamaciones, hasta que logre una solución definitiva.
Todo muy ambiguo, pues.
Vale la pena reseñar que mientras que la Unión Soviética apoya las tesis argentinas sobre las Malvinas, en el caso de Belice acusa a Guatemala de expansionismo, de desear incorporarse los ya citados puertos de Ranguana y de Zapotillo con fines militares y de haber montado, con ayuda norteamericana, una base aérea agresiva en la provincia fronteriza de Petén. También México, que en algunas ocasiones dijo que poseía derechos de soberanía sobre una parte de Belice, que en tiempos del imperio español no dependía —asegura— de la capitanía de Guatemala, sino del virreynato de México—, apoya la independencia de esta ex-colonia frente a Guatemala, lo que explica las malas relaciones existentes entre ambos países.
Y ya que estamos en Centroamérica, convendrá decir que entre los diversos Estados que componen la región existen problemas fronterizos. Prácticamente, todos ellos reivindican, con mayor o menor énfasis, algún o algunos puntos del territorio vecino. Recientemente se dieron en la Prensa noticias de que la actitud cada vez más desabrida de Costa Rica con relación a Nicaragua tiene motivaciones políticas, pero azuzadas por el diferendo sobre un sector del río San Juan, en donde en los últimos tiempos se han registrado bastantes tiroteos entre la Guardia Nacional costarricense y soldados sandinistas.

EL CASO PORTORRIQUEÑO

El pasado mes de septiembre, el delegado de Cuba cerca de las Naciones Unidas propuso, en el plenario de ese alto foro internacional que se debatiese la cuestión de Puerto Rico, y más concretamente el derecho de la citada isla a acceder a la independencia. Veintiocho países respaldaron la iniciativa, pero más del doble, setenta en total, votaron en contra. Otros, España entre ellos, se abstuvieron o estaban ausentes.
La decisión onusina de aparcar el caso portorriqueño fue criticada por todos los líderes nacionalistas como Juan Antonio Corretier, Juan Mar Bras o como Maldonado Denis, pero denuncias, reproches y quejas aparte, lo que se demostró el pasado mes de septiembre en las Naciones Unidas es la enorme fuerza de Washington, que puede imponer sus puntos de vista. Y su punto de vista, con relación a Puerto Rico, es que se trata de una cuestión interna.
Que los norteamericanos no quieran marcharse se explica, pues esta isla de casi 9.000 kilómetros cuadrados de extensión, posee una enorme importancia en varios aspectos, comenzando por el militar. Algo que la representante de la Administración Reagan ante la ONU, Jeane Kirkpatrick dejó bien claro al señalar que su país considera que la de Puerto Rico no es una cuestión internacional, ni nacional doméstica de autodeterminación, sino que es un problema estratégico de Estados Unidos. Y, efectivamente, Puerto Rico es un auténtico portaaviones trufado de bases militares e instalaciones del más diverso tipo que van desde la Romey Air Force Base, al Nordeste, a la US Naval Station Rooselvet Road, al Este. En los dos lugares citados no es ningún secreto que se almacenan bombas nucleares, existiendo también campos de entrenamiento, polígonos de tiro, etcétera. Hay dos islotes, Vieques y Culebra, igualmente en manos de las Fuerzas Armadas.

Después de la conquista de la isla, en 1898, los norteamericanos demostraron bien pronto que deseaban quedarse en ella. Esto era factible, en primer lugar, por la vía del ejercicio de la ley del más fuerte, y, después, incluso jurídicamente, puesto que en el tratado de París, firmado por un representante del Gobierno de Madrid y otro del de Washington, se decía que los derechos civiles y la condición política de los habitantes de los territorios cedidos se determinará por el Congreso. El Congreso de los Estados Unidos, ni que decir tiene, lo que, curiosamente, situaba a los isleños como apátridas en su propio suelo.
En 1917, en virtud de la Jones Act, la antigua Boriquen, pasó a ser considerada territorio norteamericano, y treinta años más tarde, para tratar de frenar la creciente agitación nacionalista, el presidente Harry S. Truman le concedió un estatuto de autonomía que en 1952 se transformó en régimen de Estado libre asociado.
En el aspecto internacional, el caso de este anacronismo colonial fue estudiado por primera vez en las Naciones Unidas en 1962 en base a una resolución de ese mismo organismo, aprobada en 1960, en la que se lee: La sujeción de pueblos a una subyugación, dominación y explotación extranjeras constituye una denegación de los derechos fundamentales, es contraria a la Carta de las Naciones Unidas y compromete la causa de la paz y de la cooperación mundiales.
En octubre de 1964, la conferencia de jefes de Estado y de Gobierno de los Países No Alineados, reunida en El Cairo, señalo al Comité de Descolonización de las Naciones Unidas el caso portorriqueño, que fue debatido en los años siguientes con nulos resultados prácticos.
Un gran triunfo se obtuvo en 1972 cuando las Naciones Unidas definieron a la isla como una colonia y resolvieron crear un grupo de trabajo, dentro del Comité de Descolonización, encargado de solucionar el problema. Seis años más tarde, el citado Comité reconoció el inalienable derecho del pueblo portorriqueño a la autodeterminación y a la independencia, en lo que se ratificó algo más tarde, instando a Washington a que adoptase aquellas medidas que sean necesarias para el traspaso de todos los poderes de soberanía a Puerto Rico.

En resumidas cuentas, hemos visto hasta aquí que los Gibraltares abundan a lo largo y ancho de Iberoamérica. Lo deseable, en los capítulos más claros, sería la retirada de las potencias ocupantes, sobre todo cuando, como sucede en las Malvinas, ésta es extracontinental, o, como ocurre en Puerto Rico, se amenaza la identidad cultural e histórica de todo un pueblo. Y en aquellos otros contenciosos más complejos, nada tan ideal como una solución parecida a la lograda en el sector de Guairá-Sete Quedas, confín entre Brasil y Paraguay, donde el río Pequirí se vuelca en el Paraná. Entre estos saltos y la cordillera de Maracajú, al Oeste, quedaban 20 kilómetros de frontera sin trazar desde el tratado de 1872, que liquido la guerra de la Triple Alianza. Esa zona era sumamente conflictiva, y en febrero de 1966 se registraron en ella amenazantes movimientos de tropas, que, curiosamente, desembocaron, sólo cuatro meses más tarde, en un acuerdo brasileño-paraguayo para construir una gran represa, que hace poco fue inaugurada en beneficio de ambos países de la cuenca del Plata y del sentido común en general.

Revista Defensa nº 61, mayo 1983, Alberto Carbone