Si bien la ley 13.196 de 1958, de publicación restringida, por ser justamente, reservada, establece claramente que los fondos son para uso exclusivo en la compra de pertrechos y material de defensa en el extranjero. Aun así, ya en 2010 tras el anterior terremoto de febrero, el gobierno de entonces también echó mano a dicha Ley, logrando capitalizar 614 millones de dólares, los que fueron asignados a razón de 164 millones de dólares para cuarteles del Ejército, 200 millones de dólares para la reconstrucción de ASMAR y 250 millones de dólares para las instalaciones de las diversas ramas ubicadas en las zonas costeras afectadas.
Ahora, el actual gobierno da un paso más, formalizando la aplicación de parte de dichos fondos para usos de carácter y reconstrucción de obras civiles. Tal cual lo refleja el título, la Ley es reservada, sin embargo se han ventilado cifras que aclaran la significancia de la Ley. Se estima que en la última década, CODELCO - Corporación Nacional del Cobre de Chile - empresa estatal chilena dedicada a la explotación minera cuprífera, ha transferido a las Fuerzas Armadas sobre los 11.000 millones de dólares.
De esta cifra, según los contratos que se han hecho públicos, se estima se han gastado entre 6.000 y 7.000 millones de dólares, a los que se deben sumar los 614 millones usados para el terremoto de 2010, por lo que los excedentes deberían ser entre los 4.000 y los 5.000 millones de dólares, lo que se condice con la reciente propuesta de utilizar 400 millones o alrededor de un 10% de los excedentes.
Más allá de las elucubraciones monetarias y del origen y consecuencias del incendio en Valparaíso que van más allá del objetivo de estas líneas, cabe cuestionarse el efecto de reasignar fondos de defensa a otros menesteres y sus ramificaciones.
Ante todo, ambas catástrofes han dejado en claro que, pese a que Chile es un país históricamente sísmico y Valparaíso está hace años bajo la alerta de un potencial mega incendio, el Estado ha sido totalmente superado por ambos eventos. Esta superación ha quedado de manifiesto, sea en ámbito organizacional - durante y después de la emergencia -, en capacidad de reacción y en terreno financiero, dando así espacio o viéndose obligado a recurrir a sus Fuerzas Armadas y ahora, a sus fondos.
Queda claro, que la reconstrucción de ambas localidades es prioridad, sin embargo el uso de fondos de defensa, legitiman una preocupante solución en desmedro de la defensa del país, dejando además un precedente a futuro riesgoso. ¿Cuál es el límite para el uso a futuro de estos fondos en objetivos catalogados como emergencia o urgencias?
Aun más preocupantes han sido las intervenciones de algunos miembros de gobierno y del poder legislativo, justificando el uso de dineros de Ley Reservada del Cobre minimizando la función de defensa y su necesidad como tal. Claramente existen sectores que desconocen la realidad mundial y la inserción de Chile en este contexto, obviando el sin número de conflictos que acechan el globo, apuntando a posturas donde las Fuerzas Armadas, su equipamiento, modernización y entrenamiento son casi innecesarios.
Una difícil disyuntiva, donde gobernantes y opositores tendrán que privilegiar por un bien superior, el Estado y su defensa o justificar la debilidad e ineficiencia del mismo ante estos eventos catastróficos.
Mientras tanto, la arcaica Ley Reservada de Cobre, se convierte en un concreto salvavidas y su derogación, por el momento, se posterga. (C.M.)
Fotografías:
- El incendio de Valparaíso dejó miles de ciudadanos damnificados. (Foto: Bomberos Viña del Mar).
- La Armada de Chile y su capacidad de desplegar medios ha sido fundamental en las 2 últimas catástrofes que han azotado a Chile (Foto: Armada de Chile).
