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Japón aprueba un presupuesto récord para 2018 con subidas en Defensa

El Gobierno japonés ha aprobado un presupuesto récord para el ejercicio fiscal 2018 (que comienza en abril) de 727.714 millones de euros. El borrador recibió el visto bueno del Ejecutivo y debe ser refrendado por el Parlamento. Se trata del sexto incremento y récord consecutivo para las cuentas del Estado, impulsado de nuevo por un aumento del gasto en Defensa de 38.652 millones de euros (un 1,3 por ciento más) y de 245.627 millones de para el sistema nacional de pensiones.

Se pretenden incrementar las capacidades armamentísticas nacionales frente a la amenaza de Corea del Norte y al auge militar de China en el Pacífico. Incluye 5,6 millones de euros para instalar un nuevo sistema terrestre antimisil Aegis de fabricación estadounidense, que se sumará a otros dispositivos interceptores instalados en el territorio y en sus navíos.

También se adquirirán otros elementos específicamente destinados a detectar e interceptar posibles misiles lanzados a gran altura y que puedan impactar en territorio nipón, después de que Corea del Norte probara múltiples ingenios balísticos este año, entre ellos dos que sobrevolaron el Norte del archipiélago japonés. El Gobierno japonés pretende cubrir los costes con una mayor recaudación fiscal prevista para este ejercicio. A partir del crecimiento de la economía durante este año, estimado en el 1,8 por ciento por el Gobierno, se espera que las arcas recauden unos 439.920 millones de euros, un 2,4 por ciento más que el ejercicio anterior.

Para cubrir el resto de la financiación que necesitará, el Estado planea emitir bonos de deuda por valor de 250.880 millones de euros, un 2 por ciento interanual menos. Japón, uno de los países desarrollados con mayor endeudamiento público, ha logrado reducir su dependencia de la deuda desde el 35,3 por ciento del ejercicio 2017 hasta el 34,5% del próximo año. Se había fijado el objetivo de alcanzar un superávit en las cuentas públicas para 2020, aunque este año se descartó esta meta tras decidir incrementar el gasto estatal en cuidado infantil y educación, dentro de un paquete de nuevas medidas sociales y de estímulo económico.


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